Antes de hablar de plazos, conviene entender el orden. Cada entrega parte de un mandato documentado del agente, se contrasta con los límites declarados y se cierra con evidencia que un auditor externo pueda reconstruir sin nuestra ayuda.
Cuando el sistema no guardaba granularidad suficiente, lo decimos en la primera reunión en lugar de prometer una reconstrucción que no existe.
Antes de firmar nada conviene saber qué ocurre entre la primera consulta y el informe final. El orden de los pasos no es negociable: cada etapa produce la evidencia que la siguiente necesita, y si se salta una, la trazabilidad del agente queda incompleta ante el regulador.
Nos cuentas qué agentes operan hoy en tu nombre, bajo qué mandato y con qué límites declarados. De ahí sale un alcance concreto: cuántos agentes entran en la revisión y qué sistemas hay que conectar para leer su comportamiento.
Se levanta el inventario real: versión del modelo, política de ejecución, restricciones y quién autorizó cada despliegue. Es la parte donde suelen aparecer agentes heredados de pruebas que nadie documentó y que siguen ejecutando órdenes.
Conectamos los puntos donde se registra la decisión: parámetros de entrada, contexto de mercado y orden emitida. Sin esta capa, cualquier auditoría posterior se apoya en reconstrucciones y no en registros.
Se fuerza al agente contra sus propios límites para ver qué hace cuando se sale del mandato: si se detiene, si alerta o si sigue operando. Los resultados se documentan con la misma granularidad que exigiría una revisión externa.
Recibes el expediente de verificación: agentes identificados, evidencia recogida, desviaciones detectadas y puntos donde el control depende todavía de intervención manual. A partir de ahí decides qué se corrige antes de la próxima revisión regulatoria.
Si quieres ver cómo encajan estas etapas con casos concretos de operativa algorítmica, revisa los casos de uso o consulta el detalle de los servicios de verificación.
Cada despliegue sigue el mismo orden, aunque la duración cambie según cuántos agentes autónomos operen ya en la entidad y qué evidencia conserven hoy.
Semana 1
Revisamos qué sistemas deciden sin intervención humana: ejecución de órdenes, gestión de carteras, señales de riesgo. El resultado es una lista con mandato declarado, límites vigentes y responsable interno de cada uno. Sin este mapa, cualquier control posterior queda cojo.
Semanas 2 a 4
Traducimos la política de la entidad a parámetros que el sistema pueda comprobar en tiempo real: alcance de instrumentos, umbrales de exposición, condiciones de parada. Aquí suele aparecer la primera fricción real, porque muchos agentes se desplegaron con reglas implícitas que nunca se documentaron.
Semanas 5 a 8
Conectamos el registro de decisiones con los controles de cumplimiento. No se trata de guardar todo, sino de conservar lo que permite reconstruir una orden concreta: parámetros de entrada, versión del modelo, límites aplicados y desviaciones detectadas.
Semanas 9 a 11
Ejecutamos el escenario que más incomoda: un auditor pide la evidencia de una operación específica y quiere ver el mandato que la autorizaba. Si el equipo tarda más de lo razonable en reconstruirla, ajustamos la captura antes de que la petición llegue por vía formal.
Desde la semana 12
El programa pasa a operación normal. Definimos con el equipo de cumplimiento qué desviaciones se notifican, con qué umbral y quién tiene autoridad para detener un agente. La revisión periódica del mandato se agenda según el ciclo interno de la entidad.
Los plazos asumen acceso razonable a los sistemas y un interlocutor con capacidad de decisión. Cuando la documentación de los agentes está dispersa entre áreas, la primera fase se alarga y conviene saberlo antes de firmar el calendario. Consultas sobre alcance y disponibilidad: contacto.
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